Urge plan integral con criterio social para la reconstrucción

· Debe considerar a las familias damnificadas que no podrían pagar intereses

· Un plan de viviendas dignas y resistentes para las familias damnificadas, de reforzamiento de estructuras en los edificios en que así proceda y de reparación de la infraestructura dañada

La senadora Dolores Padierna Luna insistió en la necesidad de contar con un Plan Integral para la Reconstrucción, tras los sismos del 19 de septiembre, que parta de una cuantificación precisa de los recursos que se requieren no sólo para que lo dañado se arregle, sino para mejorar la vivienda y la infraestructura.

A consideración de la senadora, dicho plan debe identificar los recursos y programas específicos que están proponiendo los gobiernos federal y locales, así como los sectores público y social, con el objeto de armonizarlos y optimizar su utilización.

“Hacemos un llamado a los gobiernos locales de las entidades afectadas por los sismos y al gobierno federal para que destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que sumado a los fondos de desastres, tanto federal como los estatales, se diseñe un plan integral de reconstrucción y que con criterio social, se considere a las familias damnificadas que no podrían pagar los intereses de los que se habla, se haga un plan de viviendas dignas y resistentes para las familias damnificadas, de reforzamiento de estructuras en los edificios en que así proceda y de reparación de la infraestructura dañada”, sentenció.

Padierna Luna recordó que el gobierno federal ha anunciado la conclusión de la etapa de atención de las emergencias ocasionadas por los desastres naturales que sufrió el país durante septiembre y que se inició la etapa de reconstrucción. Sin embargo, “no se puede estar de acuerdo en que la etapa de atención de las emergencias haya concluido: hay muchas familias que ningún gobierno ha atendido; hay muchos predios sin un peritaje adecuado que permita conocer el nivel de daños; hay muchas personas viviendo en la banqueta ante el temor de que sus edificios terminen por derrumbarse y también ante el grave problema de bandas invasoras que quieren despojarlos de su único patrimonio; las familias necesitan certeza jurídica para que se les garantice un programa de reconstrucción. Hay muchas familias que están sin vivienda y/o sin fuente de ingresos, lo que tiene que atenderse de manera prioritaria y ningún gobierno se ha presentado a atenderlos”.

“Hasta la fecha ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales han presentado un plan integral. Sólo han anunciado acciones parciales en los medios de comunicación para la atención de zonas específicas. No de todas las zonas dañadas por los sismos. ¿Qué se va a hacer en la Sierra Negra de Puebla? ¿Cómo se va a atender a los damnificados de los 20 municipios afectados en Morelos?”, preguntó.

La legisladora insistió en que los gobiernos de las entidades afectadas tienen Fondos para la Atención de Desastres Naturales, con los que podrían implementar acciones y programas específicos para la reconstrucción.

Refirió que la Ciudad de México cuenta con el FONADEN que tiene 9,550 millones de pesos; el Estado de México cuenta con el Fondo para la atención de Desastres y Siniestros Ambientales y Antropogenicos por 222 millones de pesos; Puebla cuenta con 8 millones para estos efectos más 50 millones que ha recibido de ayudas; Morelos tiene 15.2 millones; Oaxaca 3 millones aunque el gobernador ha anunciado que buscará deuda pública por mil millones, tiene 1,400 millones del Seguro Catástrofico Estatal, 2 mil millones de pesos del FONDEN y 4 mil millones del Seguro Catastrófico Federal. Chiapas parece ser que no tiene ningún rubro para desastres.

“También algunas empresas y organizaciones de la sociedad civil han anunciado apoyos. Se habla de mucha ayuda internacional que ha llegado a empresas y fundaciones donatarias, de las cuales nadie rinde cuentas. Por otra parte, no está claro si existe la coordinación necesaria entre todos los participantes con el propósito de optimizar los recursos disponibles, haciendo llegar los apoyos a las zonas de atención prioritaria, evitar duplicidades o desviaciones y la posible utilización de los programas de reconstrucción para fines políticos”, concluyó.

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