
En un ánimo de diálogo y conciliación, el pasado 9 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atendió las demandas de las integrantes de distintos colectivos de madres y víctimas de violencia que desde hace algunos días mantienen ocupadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sobre el asunto, es necesario dejar claro que los reclamos de los familiares de víctimas de violencia son completamente legítimos. El Estado mexicano reconoce la gravedad de la violencia que se vive especialmente contra las niñas y mujeres y refrenda su compromiso de erradicar las distintas violencias, así como de atendar las demandas.
Por ello, a la reunión también asistió la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; la secretaria técnica del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias, así como la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís, a quien se le encargó la tarea de revisar los casos presentados y de realizar visitas a los distintos estados con un doble objetivo: por un lado, para escuchar a las víctimas y dar respuesta a las demandas concretas, y por el otro lado, para investigar posibles negligencias por parte de funcionarios públicos a nivel local.
Desde luego, la puntual atención de las víctimas directas e indirectas de la violencia requiere de la coordinación y trabajo entre los distintos niveles de gobierno, pues la mayoría de los delitos en cuestión son del fuero común. Es decir que un primer obstáculo en el acceso a la justicia radica en la falta de efectividad y correcta atención de los gobiernos locales y en específico de las 32 fiscalías.
Desde el Gobierno Federal se reitera la disposición para escuchar, dialogar y trabajar con los distintos colectivos de madres y víctimas de violencia con el propósito de dar cauce institucional a las demandas y concretar una ruta de atención a los casos presentados. Desde la sociedad, las personas víctimas de violencia merecen toda nuestra empatía y solidaridad. Desde el Estado merecen verdad y justicia.